Justicia en Venezuela, "UNA LOTERIA?"
Cada vez que tengo oportunidad de hablar en asambleas o reuniones siempre les recuerdo, vivimos un momento en Venezuela que cada uno tiene su número de loteria, pero no
sabemos cuál está más cerca a salir que otro, y por desgracia ahora tengo un nuevo ejemplo a mi aseveración; relatado en el artículo de la página web http://unidadvenezuela.org/, donde explica que la defensa afirma que "Prueba antropométrica
solicitará defensa de jóvenes acusados de agredir a PNB" ya que esta
determinará si son los que aparecen en el vídeo, me refiero al caso donde presuntamente golpean a una PNB, dicha entrevista está colocada
a continuación:
“La abogada MaFe Torres, del Foro Penal Venezolano,
denunció que los jóvenes han sido coaccionados por medio de golpes y torturas
para que acusen a dirigentes de la oposición de haber sido quienes les pagaron
para que cometieran el hecho.
Prensa Unidad Venezuela (Caracas,
25 de mayo de 2016).- Realizar una experticia antropométrica para determinar si
son o no los autores materiales del hecho solicitó la defensa, a cargo de
abogados del Foro Penal Venezolano, de los siete jóvenes acusados de la agresión
a una funcionaria de la PNB ocurrida el 18 de mayo pasado, durante una marcha
al CNE convocada por la Unidad Democrática.
La abogada Mafer Torres, del FPV,
informó que la solicitud fue formulada durante la audiencia de presentación que
se inició el pasado domingo y concluyó la madrugada de este miércoles, en la
cual la jueza del Tribunal 4to de Control decidió la privación de libertad para
Jeremy Bastardo Lugo, José Gregorio Hernández, Jefferson Araguache, Daniel
Morales y Deivis Hernández, y otorgó libertad cautelar con presentación cada 30
días para Luis Theis y Richard Rondón.
“Los cargos que imputó el
Ministerio Público y que la juez acogió en su totalidad, son por homicidio
agravado frustrado, instigación pública, agavillamiento y daños a la propiedad.
A José Gregorio Hernández se le imputó por homicidio agravado frustrado y
lesiones genéricas”, precisó Torres.
El comisario Ángel Coromoto
Rodríguez, jefe de escoltas del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos
Allup, y quien también se encuentra detenido en la sede de El Helicoide del
Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por su presunta
vinculación con el hecho, se espera que sea presentado nuevamente ante un
tribunal, entre hoy y mañana, para que conozca los supuestos delitos que se le
imputan.
La abogada denunció los tratos
crueles a los que han sido sometidos los detenidos por parte de
funcionarios del Sebín. “En líneas generales, todos fueron consistentes en su
declaración en cuanto a que recibieron golpes en distintas partes del cuerpo
durante su detención en instalaciones” de ese cuerpo de seguridad. Por tal
razón, la juez ordenó que se les practicara un examen médico forense, el cual
no se les realizó, aseguró.
Antes de abandonar la sala de
audiencias la juez informó de su decisión de recluir a Hernández (Davis),
Araguache y Morales en el Rodeo II, y a José Gregorio y a Bastardo en Yare I,
por lo cual los abogados defensores le pidieron que no los enviará a esos
sitios, dado que son muy jóvenes, con edades que oscilan entre 18 y 33 años. La
juez accedió y ordenó dejarlos en la sede del Sebin de El Helicoide. “Pero,
quién les garantiza su seguridad e integridad física si fueron puestos a la
orden del mismo órgano que los torturó”, planteó Torres.
Asimismo, informó que el pasado
domingo, en horas de la tarde, fueron trasladados a la cárcel 26 de julio en
San Juan de Los Morros, Guárico, donde los uniformaron y les rasparon el
cabello. “Esto es una injusticia, los están tratando como delincuentes ya condenados,
como lo demuestra el hecho de ponerles un uniforme y raparles la cabeza sin
siquiera haber sido presentados ante el tribunal de control, proceso que apenas
comenzó el lunes”, argumentó la letrada.
La tortura como método
La abogada indicó que la
experticia antropométrica podrá determinar si estos muchachos son los mismos
que aparecen en el vídeo que ha circulado por las redes sociales y los medios
de comunicación, en el cual se aprecia el momento en el que una funcionaria de
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es golpeada por varios hombres. “Hasta
ahora, lo único que tenemos son las versiones de los funcionarios policiales y
lo que dice la Fiscalía”, aseguró Torres.
Por ejemplo, la Fiscalía ha dicho
que Deivis Hernández, de 24 años, es uno de los que aparece en ese
vídeo. “Deivis es un indigente, un señor en situación de calle que
duerme en el puente de la UCV y que vive gracias a las propinas que recibe por
cuidar carros en una arepera en Plaza Venezuela, en cuyas inmediaciones fue
detenido”, aseguró la abogada.
“Daniel Morales, de 18 años,
ni siquiera fue a la marcha. Ese día, cerca del mediodía, salió de
clases – acaba de empezar sus estudios universitarios en la Alejandro de
Humboldt - y al darse cuenta de que las estaciones del Metro estaban cerradas,
comenzó a caminar para buscar una vía alterna. Había quedado en encontrarse con
su mamá en un punto donde ella lo pasaría recogiendo. Pero cuando pasaba por la
sede del Sebin de Plaza Venezuela, un comisario le aplicó una llave por la espalda
y, sin mediar palabra, lo detuvo”. Asimismo, refirió que el acta policial
indica que todos fueron detenidos en la avenida Las Acacias, la que conduce
hacia la avenida Libertador, a la altura de La Previsora y la residencia
estudiantil Livia Gunerneur. Pero las versiones de los muchachos difieren del
informe policial.
Richard Rendón, de 33 años,
vigilante, hecho que demostró con su constancia de trabajo, estaba
esperando en un edificio, junto a un compañero de trabajo, a su esposa, quien
es empleada doméstica. “Pero llegó la PNB, se metió en el edifico, lo sacaron a
la fuerza y se lo llevaron. Sin mediar palabras”.
José Gregorio Hernández
tampoco participó en la manifestación. Fue detenido dos días después
en su lugar de trabajo, una sucursal del Banco de Venezuela ubicada en la
avenida Urdaneta. “Llego el viernes en la mañana y los funcionarios de
seguridad del banco le dijeron que debían llevarlo a la oficina de seguridad y,
al hacerlo, se encontró con que lo esperaba su jefe, quien le hizo firmar la
renuncia. Permaneció hasta las 3 de la tarde en esa oficina, hasta que llegaron
efectivos del Sebin y se lo llevaron”.
“Luis Antonio Theis nos dijo
que no estaba ni remotamente cerca del lugar donde ocurrieron los hechos que
se le imputan. Solo estaba en el sitio equivocado cuando lo detuvieron”,
apuntó la abogada.
Jefferson Araguache, un obrero
de la construcción que está trabajando actualmente en una obra de
remodelación que se está realizando cerca de Bellas Artes, estaba con unos
familiares en el centro comercial CitiMarket, en Sabana Grande. “Cuando
salieron y vieron que la estación del Metro estaba cerrada, comenzaron a
caminar en dirección al hotel Meliá Caracas, cuando llegó la policía y lo
detuvo por detrás. Tampoco mediaron palabras”, contó Torres.
“A Jeremy Bastardo Lugo,
también de 18 años, lo agarraron en la plaza Altamira aproximadamente a las 4
de la tarde del mismo miércoles. No lo detuvieron en la avenida
Libertador ni inmediatamente después de haber, supuestamente, agredido a los
funcionarios policiales”, agregó.
Torres también se refirió al caso
del menor de edad – por lo cual se resguarda su identidad -
que “confesó ante la juez del caso que lo habían obligado a decir que
había sido el comisario Coromoto Rodríguez quien había pagado cierta
cantidad de dinero para que ellos (los detenidos) cometieran el hecho. Ese
menor fue presentado el día viernes y está en libertad cautelar bajo fianza”,
informó.
“A los otros siete les han
hecho lo mismo. Les han mostrado fotos de diputados como Juan Requesens y otro
por el Táchira (el nombre no lo recordó en el momento), de María
Corina Machado, de Henrique Capriles, y les han preguntado si los conocían, si
son los que los mandan y si son los que les pagan. Todos fueron inducidos y
coaccionados por medio de golpes y torturas para que dijeran que ellos son
pagados por la oposición. A unos les mostraron a María Corina, a otros
a Capriles, a otros al comisario Coromoto”, indicó Torres.
La situación del comisario
Rodríguez
Aunque el comisario Rodríguez
está siendo defendido por el abogado Omar Estacio, Torres informó detalles de
su actual situación, dado que está involucrado en la misma causa.
En tal sentido informó que aunque
la juez del caso había ordenado el lunes su libertad plena, al no encontrársele
elementos suficientes para imputarlo, el día de ayer la Fiscalía 20 Nacional
solicitó una nueva orden de aprehensión, lo cual “es ilegal, porque se supone
que si alguien es detenido es porque hay indicios de que cometió un delito, y
al momento de presentarlo ante un tribunal se deben presentar todos los
soportes que sustenten esa acusación. Si el lunes no había ningún sustento en
su contra ¿cómo va a ser que el martes si lo haya?
“Lo soltaron y salió de la sala
de audiencias, pero como había una nueva orden de captura, lo volvieron a
detener. Ahora deben presentarlo de nuevo ante un tribunal – lo legal es dentro
de las 48 horas - para que realicen la imputación formal y donde la Fiscalía
deberá decir cuáles son los elementos con los que cuenta para imputarle algún
delito”.
“En este momento está detenido
preventivamente por la nueva orden de captura hasta que sea puesto a la orden
del tribunal. Puede ser presentado en cualquier momento de hoy o mañana”,
concluyó. ”
Así termina el artículo, pero
si ahondamos más y según mi amigo, abogado Miguel A. Alcántara.·.,
que me recuerda de una manera precisa dice "EL ENEMIGO TIENE MENOS
DERECHOS", nos hace este recordatorio sobre el derecho penal:
”El autor alemán Günther Jakobs, Catedrático emérito
de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad de Bonn, desató una
polémica al afirmar que, en la actualidad, para el poder penal
del Estado no todos los ciudadanos son personas, sino que están "las
personas y los enemigos". No existe la igualdad ante la ley.
El Derecho penal del ciudadano tendría como fin el mantenimiento de la vigencia
de la norma, mientras que el Derecho penal del enemigo se dirige al combate de
peligros. El dirigente político opositor Leopoldo López, fue sometido a un
linchamiento judicial, el cual era predecible. La justicia en Venezuela es una
palabra aniquilada, donde podíamos observar en los medios de comunicación a la
flamante jueza 28ª de juicio, Susana Barreiros (hoy defensora pública), muy
sonriente al lado del n° 2 del régimen Diosdado Cabello.
Ahora es el turno del
Comisario Coromoto Rodríguez, Jefe de escoltas del presidente de la
Asamblea nacional. En la audiencia, donde fue presentado el comisario Coromoto
Rodríguez, el ministerio público alegó que la aprehensión no fue en
flagrancia sino por la información de un patriota cooperante y
constitucionalmente esa figura es prohibida en consecuencia, solicitó la libertad
sin restricciones, (imaginamos el destino de este fiscal del ministerio
público) no había salido de su reclusorio el comisario, (tardaron
más de 48 horas para realizar la boleta de excarcelación cuando otro fiscal
llamó vía telefónica a la juez que llevaba el caso, para pedir una nueva orden
de aprehensión).
En la modernidad, el Derecho
Penal se construye sobre una serie de principios con el propósito de garantizar
al imputado/acusado las más amplias oportunidades de defensa frente al
ejercicio – en muchas ocasiones abusivo – del ius puniendi estatal.
Entre tales principios uno de los más importantes es la prohibición del
doble juzgamiento, conocido universalmente como ne bis in ídem o non bis in
ídem, que impide al Estado someter a una persona a procesamientos consecutivos
por un mismo delito, bajo el argumento de haber fracasado en su primer intento
de hacer justicia. Por ello se dice que el principio non bis in ídem es una
manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia.
Actualmente en la coyuntura
política que vive Venezuela (2016), el gobierno chavista - madurista ha
reivindicado el derecho penal del enemigo. Lo grave de esto es que la
definición de enemigos es sumamente arbitraria. Todos somos
candidatos a correr la misma suerte de ser incómodos: dirigentes
políticos de oposición, estudiantes, periodistas, Defensores de Derechos Humanos y los que exigen sus derechos
en las calles.
Someterse a la “justicia” de la
dictadura chavista es suicida: en las dictaduras no hay justicia, si hubiese
justicia no serían dictaduras. ”
Robiro Terán
@robirote
Mayo 2016
